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Tomada: “No es tiempo para ver quién saca más”

El ministro de Trabajo elogia a sindicalistas y empresarios por el consenso sobre el sueldo mínimo pero reconoce que queda mucho por hacer. Además, acusa: “El Acuerdo Cívico y Social y Unión-Pro representan la intención de volver a los noventa”.
Por Luz Laici

El ministro de Trabajo Carlos Tomada no debe ser supersticioso. Su oficina está ubicada en el piso 13 y, en medio de los recambios de gabinete que implementó el gobierno K, su apellido no apareció entre los intercambiables del staff. Incluso, en los últimos días reforzó su gestión con una conquista que terminará de implementarse en enero del 2010: el salario mínimo vital y móvil de 1.500 pesos. Un logro que, confiesa, todavía no pudo analizar en profundidad pero que tampoco le atribuye a la suerte. La clave, en todo caso, la ubica en las discusiones que tuvieron lugar en el seno del Consejo del Salario –formado por el Gobierno, los empresarios y los sindicatos– que se reúne desde hace seis años en el edificio de la calle Alem, inaugurado en los noventa bajo el rótulo de “inteligente” y que, sin ventanas para abrir y cerrar a gusto del consumidor, obliga a soportar temperaturas bajo cero cuando el sol de Buenos Aires raja el cemento, o superiores a los cuarenta grados en pleno invierno. Como ahora.

Sin embargo, en el despacho de Tomada el contraste no es tan evidente. En ese espacio –que, asegura, abandona cada tanto para no perder noción de la realidad– tiene un escritorio que casi nunca utiliza –excepto para chequear correos electrónicos–, una biblioteca con varios libros, adornos y hasta una placa de la UOM, un par de sillones de cuero negro, muchas banderas argentinas y una mesa redonda a la que se sienta para analizar la gestión, diseñar políticas o considerar papers que le entregan sus asesores. El último que leyó, curiosamente, no refiere al salario mínimo. Versa sobre pobreza.

“Discutimos salarios y teníamos en claro que defenderíamos el empleo porque entendemos que se trata del principal elemento de inclusión social. Pero eso no me hace olvidar la pobreza y la exclusión que todavía existe en el país”, dispara Tomada.

–Las últimas estimaciones hablan de cuatro millones de pobres. Eso refleja la necesidad de redistribuir recursos de modo urgente. ¿Cómo piensan llevarlo adelante?

–Nosotros planteamos un plan de obra pública que está en ejecución y que se extenderá en todo el país, así como la necesidad de construir viviendas, que faltan en la Argentina. Eso también es un ordenador social y una forma de distribuir el ingreso. Para responder rápidamente: hagamos obras públicas, miles de viviendas y así generamos empleo y reducimos la pobreza.

–¿Por qué no implementar la asignación universal por hijo como inyección para los que menos tienen?

–Hay que considerar políticas. Creo que la Argentina tiene que aspirar al pleno empleo y para ello hay que trabajar. Se propician soluciones que ocurren en otras partes del mundo, con contextos diferentes y más pequeños, sin considerar las posibilidades reales que tiene un país como la Argentina para implementarlo. Obviamente, no me voy a oponer nunca a cualquier idea que tenga que ver con la protección social y la necesidad de dar ciudadanía a partir de ello. Pero seguramente todos, también los que proponen la asignación universal por hijo, comparten conmigo que no hay nada mejor que la dignidad del trabajo. En ese sentido, siento que vamos por el buen camino y tenemos que perseverar. Además, en este país se hace mucho en materia de protección social, a veces no se ve.

–Como en Chaco, donde se denunció el altísimo nivel de pobreza y desnutrición...

–Te quiero decir una cosa: no necesito que la pobreza sea de un tanto por ciento más o menos. Mientras haya un pobre, un desempleado o un trabajador en negro no me puedo quedar tranquilo. Es un desafío grande, al que este gobierno intenta dar respuesta. Hay muchas cosas por hacer. A veces uno piensa que el pesimismo de la razón lo invade. Pero como dice Antonio Gramsci hay que oponerle el optimismo de la voluntad y para eso estamos.

–¿Cuánto costó llegó a un acuerdo por el salario mínimo?

–El Consejo lleva seis reuniones y cada una fue diferente. ¿Cuál era la característica de este año? Un contexto marcado por los impactos de la crisis internacional, la gripe A y su impacto en el nivel de actividad, la sequía en algunas regiones del país. Sin embargo, hay que rescatar que hubo una comprensión muy clara por parte de todos los dirigentes del momento en que vivimos y de que no es tiempo de ver quién saca más. Es decir, prevaleció una actitud de poner y no de llevarse. Viví unas cuantas negociaciones y creo que la de ayer (por el martes 28) tiene un dato relevante: una verdadera actitud de buscar el consenso. A veces hay que impulsarlo, trabajarlo. La negociación fue durísima pero en esta oportunidad, antes de empezar la discusión prevalecía la decisión de alcanzar un buen resultado.

–¿Cómo impactará en el trabajo informal?

–Sabemos que tal vez los primeros en sufrir estas situaciones son los trabajadores no registrados, a los que los empleadores no les reconocen sus derechos. Nosotros hicimos un fuerte trabajo para desnaturalizar esa situación y retomar las inspecciones. En el primer trimestre de este año, las mediciones registran un pequeño resurgimiento del trabajo en negro y eso nos preocupa. Sin embargo, no lo vamos a aceptar resignadamente.

–¿Considera imposible erradicar la informalidad laboral?

–No. Aprendí de (Néstor) Kirchner que no hay metas imposibles. Cuando hay convicción y voluntad política se pueden alcanzar objetivos difíciles. El pleno empleo no es una utopía. El empleo no registrado, responsabilidad primaria de los empresarios, debe ser erradicado.

–Cristina Fernández apeló al patriotismo de los empresarios. ¿Comparte el pedido?

–No me animo a hacer una definición del empresariado argentino porque sería demasiado elogioso o injusto. No lo digo para zafar pero hay buenos y malos empresarios.

–¿Cómo los compara con los brasileños, identificados como ejemplares?

–El empresariado de Brasil tiene intereses económicos que coinciden con los intereses nacionales. En nuestro caso, sin embargo, hubo empresarios que defendieron una ideología que los llevó a su propia destrucción.

–¿Por ejemplo?

–En los noventa, los textiles defendían las bondades del libre comercio mientras cerraban las fábricas. Y podría nombrar a otros.

–¿O sea que coincide en que les falta patriotismo?

–Si lo quiere poner en esos términos...

–Los puso la Presidenta.

–Sí, coincido. La Presidenta dice, además, algo interesante: el país necesita empresarios inteligentes, que entiendan sus intereses estratégicos, y sindicatos fuertes.

–Justamente un sector que estuvo convulsionado en las últimas semanas con la pelea entre Hugo Moyano y los gordos de la CGT...

–Al calor de la recuperación del trabajo y el fortalecimiento del crecimiento, los sindicatos volvieron a ser protagonistas sociales. Sin embargo, detrás de la ideología dominante de los noventa que quiere volver a instalarse existe la intención de debilitar al sindicalismo, como forma de debilitar a los trabajadores.

–¿En quiénes identifica esa intención de volver a los noventa?

–Me parece que es claro. Unión-Pro y el Acuerdo Cívico y Social representan muy claramente un esfuerzo y una intencionalidad explícita de volver a levantar esas banderas. Si nos proponen volver al Fondo Monetario Internacional, enfriar la economía, abandonar una de las etapas más fenomenales de integración latinoamericana, no quedan demasiadas dudas. No lo digo como imputación: ellos mismos lo reconocen y son posiciones respetables. Aunque no las comparto: sé lo que le pasó a la Argentina en esos tiempos y lo que le está pasando ahora.

–Ahora, por ejemplo, el kirchnerismo está retomando la transversalidad...

–Kirchner planteó desde el comienzo la necesidad de conformar un espacio nacional, popular y progresista. Y siempre supimos que el peronismo no alcanza por sí solo para expresar a las mayorías nacionales. Es un elemento indispensable de cualquier construcción política del centro a la izquierda. Como militante, creo que el peronismo debe mantener esta orientación actual que es claramente nacional, popular, transformadora, abierta, como siempre e históricamente lo ha sido desde su nacimiento...

–¿Incluso cuando Kirchner se recluyó en la estructura del PJ?

–La reclusión no sé si fue tanta. Se dio frente a embates que se produjeron con motivo del conflicto con las patronales agrícolas. Todo gobierno debe tener respaldo en una fuerza política, aunque nos desacostumbramos a eso porque se arman fuerzas alrededor de figuras y no partidos. Este gobierno tiene una fuerza política que es un partido y me parece que respaldarse en él fue un buen paragolpe. Aunque siempre hay que mantener la predisposición al acuerdo con otras fuerzas políticas.

–En esta reestructuración, ¿identifica la necesidad de incorporar a peronistas como Eduardo Duhalde, Carlos Reutemann, Francisco de Narváez?

–Perdón, no puedo hablar de De Narváez como peronista. No tengo un peronómetro pero los que no son peronistas, no lo son. Macri no lo es, De Narváez tampoco.

–En cierto modo, identificados con el peronismo ganaron las elecciones en sus distritos. ¿Hubo autocrítica K?

–No sé si la palabra es autocrítica y eso, por lo pronto, no me corresponde a mí hacerlo. El resultado electoral puede ser un punto de partida para una reflexión profunda sobre cómo hacer lo que todavía nos falta. Es un estímulo que nos fortalece para redoblar los esfuerzos e imaginar una Argentina donde la inclusión social sea una realidad.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, prometió ayer a la Unión Industrial Argentina (UIA) acelerar el tratamiento de la nueva ley de riesgos del trabajo. El anuncio fue formulado durante la primera reunión del funcionario con la cúpula de la entidad fabril, durante el cual se discutió una agenda que incluye la ley para promover la reinversión de utilidades de las pymes, la integración del consejo económico y social y la devolución del IVA a la exportación.

"Hablamos más de 40 temas, y en algunos no hubo concesiones", dijo a la prensa el jefe de Gabinete, luego del almuerzo que por espacio de dos horas mantuvo con la mesa directiva de la UIA, presidida por su titular, Héctor Méndez, en la sede de esa asociación.

La decisión de avanzar en la sanción de una nueva legislación sobre accidentes de trabajo fue uno de los acuerdos más concretos. Tanto Fernández como los empresarios coincidieron en que el consenso logrado entre las patronales y los sindicatos para elevar el salario mínimo es la base para acelerar el tratamiento de un nuevo esquema para las Administradoras de Riesgo del Trabajo (ART).

El presidente de la Unión Industrial Patagónica, una Movarek, ponderó "la excelente predisposición del gobierno para comenzar a solucionar dentro de 10 ó 15 días, los temas pendientes", entre los que detalló la ley de ART.

Actualmente, las ART constituyen el subsistema de la seguridad social de mayor extensión, con más de 7,5 millones de trabajadores cubiertos y más de 700 mil empresas afiliadas.

El titular de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (Uart), Jorge Aimaretti expresó su optimismo sobre la posibilidad de que se avance en una nueva ley para el sector. "El consenso logrado en el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, renueva nuestro optimismo respecto de la posibilidad de avanzar en ese sentido, considerando especialmente que son coincidentes los actores involucrados en el abordaje de ambas temáticas", señaló.

Aimaretti consideró que es necesario que la nueva normativa contemple mínimamente tres temas: una adecuación prestacional, una fórmula de convivencia entre el sistema especial tarifado y el reclamo civil, y un procedimiento administrativo previo obligatorio tal que, compatibilice el accionar de la justicia con la celeridad y seguridad que demandan empresas, trabajadores y aseguradoras".

De todos modos, la conversación de Fernández con los representantes fabriles incluyó también otros temas. Según informaron en la UIA se discutió también el impulso al proyecto que permite desgravar impositivamente a las pymes la reinversión de sus utilidades y la evolución de los pagos de reintegros y devolución de IVA a la exportación. También se abordó la conformación del consejo económico y social y la relación comercial con Brasil.

"Me voy satisfecho porque hablamos todos los temas que necesitamos hablar. No concibo que podamos construir políticas públicas sin hablar con los empresarios", remarcó el jefe de ministros al salir del encuentro.

El jefe de Gabinete criticó a los empresarios que blandieron la tesis de la "incertidumbre política" para explicar la salida de capitales y la contracción de las inversiones. "Hay muchas opciones para generar ámbito de negocios", dijo.

Negreo

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) lanzó operativos de inspección para detectar posibles casos de empleo en negro en los barrios privados, en los countries y en las grandes construcciones cercanos a los grandes centros urbanos. Los monitoreos se enmarcan dentro del plan de regularización del empleo.