Existe preocupación por las altas cifras del trabajo de niños y adolescentes en todo el país, lo cual refleja incumplimiento de normas y falta de control de las autoridades.
Una encuesta oficial proporcionó cifras alarmantes sobre el trabajo de niños y adolescentes en todo el país, en una edad que debe ser destinada a la enseñanza y la formación cultural. El informe, dado a conocer por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, señaló que un siete por ciento de los menores de cinco a doce años y el veinte por ciento de los adolescentes de 14 a 17 años tienen una ocupación en forma inadecuada y clandestina. Un 25 por ciento de los adolescentes se halla fuera de los sistemas de escolaridad en la medición que abarcó zonas urbanas y rurales del conurbano, noroeste, el NOA y la provincia de Mendoza en el último cuatrimestre de 2004. Si bien hay entidades no gubernamentales que proponen el trabajo infantil en condiciones dignas, las leyes en la Argentina apuntan a castigar a los responsables adultos si los niños accedan a una posición laboral. Es una situación compleja que se enfrenta a normas vigentes sobre los derechos del menor y la familia y la tan depreciada actitud de proteger la dignidad de de la niñez en todos los terrenos. Está en claro que disponer de niños para cualquier actividad laboral implica abusos irrefutables. Pero muchas veces estas circunstancias están vinculadas a las necesidades económicas generadas en un estado de pobreza. Los expertos sostienen que reclamar trabajo a los niños, cuando exigen a voces un marco social adecuado para el estudio, lejos de aliviar problemas familiares, perpetúa y amplía la indiferencia social. Profundiza el círculo de la pobreza cultural y económica y abre brechas para destinos indeseados y hermanados con la delincuencia. Es, además, un testimonio del incumplimiento de normas fijadas por ley y la falta de control que ofrecen los organismos públicos. América latina tiene alrededor de 6 millones de chicos en el servicio de tareas domésticas. El Estado debe enfrentar con seriedad este problema y buscar soluciones de fondo para proteger un segmento de la sociedad que reclama ayuda permanente.
diario La Prensa
Una encuesta oficial proporcionó cifras alarmantes sobre el trabajo de niños y adolescentes en todo el país, en una edad que debe ser destinada a la enseñanza y la formación cultural. El informe, dado a conocer por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, señaló que un siete por ciento de los menores de cinco a doce años y el veinte por ciento de los adolescentes de 14 a 17 años tienen una ocupación en forma inadecuada y clandestina. Un 25 por ciento de los adolescentes se halla fuera de los sistemas de escolaridad en la medición que abarcó zonas urbanas y rurales del conurbano, noroeste, el NOA y la provincia de Mendoza en el último cuatrimestre de 2004. Si bien hay entidades no gubernamentales que proponen el trabajo infantil en condiciones dignas, las leyes en la Argentina apuntan a castigar a los responsables adultos si los niños accedan a una posición laboral. Es una situación compleja que se enfrenta a normas vigentes sobre los derechos del menor y la familia y la tan depreciada actitud de proteger la dignidad de de la niñez en todos los terrenos. Está en claro que disponer de niños para cualquier actividad laboral implica abusos irrefutables. Pero muchas veces estas circunstancias están vinculadas a las necesidades económicas generadas en un estado de pobreza. Los expertos sostienen que reclamar trabajo a los niños, cuando exigen a voces un marco social adecuado para el estudio, lejos de aliviar problemas familiares, perpetúa y amplía la indiferencia social. Profundiza el círculo de la pobreza cultural y económica y abre brechas para destinos indeseados y hermanados con la delincuencia. Es, además, un testimonio del incumplimiento de normas fijadas por ley y la falta de control que ofrecen los organismos públicos. América latina tiene alrededor de 6 millones de chicos en el servicio de tareas domésticas. El Estado debe enfrentar con seriedad este problema y buscar soluciones de fondo para proteger un segmento de la sociedad que reclama ayuda permanente.
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